Los religiosos coinciden en que la corrupción en el sistema de salud no es solo un crimen económico, sino un pecado que atenta directamente contra los derechos humanos y la dignidad de la población.
Líderes de las comunidades Católica y Evangélica de la República Dominicana han emitido una severa condena contra el escándalo de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuestionando la ética de los funcionarios involucrados y criticando la disparidad de criterios del Ministerio Público (MP) al aplicar medidas de coerción.
El obispo de la Diócesis Stella Maris, Manuel Ruíz de la Rosa, criticó la «mano de seda» con la que el MP ha tratado a algunos de los implicados, mientras solicita 18 meses de prisión preventiva para siete acusados.
Ruíz de la Rosa cuestionó el trato diferenciado a aquellos que han cooperado con la investigación: «¿Los tres que han dejado en el confort de sus casas, son menos responsables que el Dr. Santiago Hazim y su grupo solo porque han delatado a sus cómplices?».
El líder religioso advirtió que la forma de proceder del MP envía un mensaje pernicioso a la sociedad: que quienes roban grandes sumas pueden ser exonerados «solo por decir que van a cooperar» y luego disfrutar del dinero restante con impunidad garantizada.
Ruíz de la Rosa: «El que roba mucho y es descubierto, solo tiene que decir que va a cooperar, devolver un [porcentaje] o menos y luego a disfrutar del dinero restante en la comodidad de sus mansiones con la impunidad garantizada.»
El obispo concluyó pidiendo al presidente Luis Abinader crear una Unidad de Inteligencia y Contrainteligencia que reporte directamente a él, ante el aparente fracaso de las instituciones de control tradicionales.
Desde la Arquidiócesis de Santo Domingo, el arzobispo coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán advirtió que cualquier acto de corrupción que afecte a Senasa impacta directamente la vida, la salud y la dignidad de los dominicanos, especialmente de los sectores más vulnerables.
Morel Diplán sostuvo que estos hechos contradicen los principios morales básicos y «van totalmente en contra de las leyes de Dios», advirtiendo que este tipo de prácticas «va minando la democracia dominicana» al deteriorar la confianza en las instituciones.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), a través de su representante, Feliciano Lacen Custodio, se unió a las críticas exigiendo al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar con firmeza, transparencia y apego al Estado de derecho, evitando el populismo penal.
CODUE afirmó que la corrupción en Senasa, al ser la ARS que más impacta a la sociedad, constituye un pecado contra Dios y contra el prójimo al desviar recursos destinados al bienestar.
La entidad evangélica exhortó a que se haga justicia y se garantice el servicio a los afiliados, revisando la situación de los pagos excesivos de diferencia y las herramientas para operaciones.
Reafirmaron que la impunidad debilita la estabilidad democrática y formularon un llamado urgente a la renovación ética profunda que debe transformar corazones y estructuras del Estado
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