Los Angeles, Estados Unidos .–El estado de California interpuso una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, en rechazo a la reactivación de oleoductos que, según las autoridades estatales, no cumplen con las regulaciones ambientales vigentes ni con disposiciones judiciales previamente establecidas.
La acción legal surge tras una decisión del Gobierno federal que autoriza a la empresa Sable Offshore Corp. a reiniciar operaciones en infraestructuras petroleras que habían sido restringidas luego de un grave derrame ocurrido en 2015, considerado uno de los desastres ambientales más significativos en la costa del estado.
De acuerdo con la demanda, la administración federal habría recurrido a la Ley de Producción de Defensa para justificar la medida, lo que, a juicio de California, constituye un intento de evadir los controles ambientales estatales y las normativas de protección ecológica vigentes.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, sostuvo que el Gobierno federal carece de autoridad para ignorar las leyes estatales y las órdenes judiciales que regulan la operación de estas infraestructuras, subrayando los riesgos que implicaría su reactivación sin las debidas garantías ambientales.
Las autoridades californianas advirtieron que permitir el funcionamiento de estos oleoductos sin supervisión estricta podría generar daños irreversibles en los ecosistemas marinos, afectar la biodiversidad y poner en riesgo la salud de las comunidades costeras.
Por su parte, el Gobierno federal ha defendido la medida alegando razones de seguridad energética y nacional, en un contexto internacional marcado por presiones sobre el suministro de combustibles.
Este nuevo litigio profundiza las tensiones entre California y la administración federal, en un escenario donde convergen intereses ambientales, económicos y políticos, y cuyo desenlace podría sentar precedentes clave en la regulación energética y la protección del medio ambiente en Estados Unid
Las autoridades californianas advirtieron que permitir el funcionamiento de estos oleoductos sin supervisión estricta podría generar daños irreversibles en los ecosistemas marinos, afectar la biodiversidad y poner en riesgo la salud de las comunidades costeras.
Por su parte, el Gobierno federal ha defendido la medida alegando razones de seguridad energética y nacional, en un contexto internacional marcado por presiones sobre el suministro de combustibles.
Este nuevo litigio profundiza las tensiones entre California y la administración federal, en un escenario donde convergen intereses ambientales, económicos y políticos, y cuyo desenlace podría sentar precedentes clave en la regulación energética y la protección del medio ambiente en Estados Unidos.
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