Santiago, R.D. – El debate en torno al nuevo Código Penal continúa generando posiciones encontradas en la sociedad dominicana, especialmente en lo referente a las disposiciones sobre la libertad de expresión y las sanciones por difamación e injuria.
El comunicador y articulista José Ernesto Devárez considera que la discusión va más allá de una simple división de opiniones, al entender que el verdadero trasfondo radica en las experiencias que han vivido numerosos ciudadanos afectados por campañas de descrédito, acusaciones falsas y difamaciones que, en muchos casos, han permanecido impunes.
Devárez sostiene que personas injustamente señaladas por delitos como narcotráfico, corrupción o cualquier otra conducta ilícita, sin la existencia de pruebas, tienden a respaldar una legislación que establezca mecanismos efectivos para proteger el honor y la reputación de los ciudadanos.
Asimismo, señala que periodistas y otras figuras públicas también han sido víctimas de ataques personales y campañas de descrédito promovidas, según afirma, por grupos organizados que difunden informaciones falsas sin asumir responsabilidad por sus acciones.
A juicio del articulista, la sociedad dominicana enfrenta una disyuntiva entre quienes favorecen normas más estrictas para sancionar la difamación y quienes consideran que dichas medidas podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
No obstante, reconoce que también existe preocupación por la posibilidad de que algunos sectores políticos o de poder intenten utilizar la legislación para restringir el derecho de los ciudadanos a denunciar posibles actos de corrupción o cuestionar el desempeño de funcionarios públicos.
Finalmente, Devárez plantea que el desafío consiste en encontrar un equilibrio que garantice la protección del honor de las personas sin menoscabar el derecho constitucional a la libre expresión y al ejercicio responsable del periodismo.
Artículo basado en la opinión del comunicador José Ernesto Devárez, escrito en Atlanta el 16 de julio de 2026.
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